Comunicado de Adecaf

Estrasburgo, 9 de noviembre de 2005

El Consejo de Europa pone en evidencia

la triste realidad de la administración penitenciaria catalana

Un informe del comisario de derechos humanos vincula a ciertos sindicatos con los malos tratos post motín de mayo de 2004

Álvaro Gil-Robles critica “la ausencia de una verdadera política de personal en materia penitenciaria”

Desde 1996, nuestra asociación viene denunciando ante la opinión pública la existencia en las prisiones catalanas de un sindicalismo corporativista incompatible con el respeto a los derechos humanos de los reclusos, requisito insoslayable para la rehabilitación y reinserción social de los mismos. En el año 1999, un informe a Amnistía Internacional elaborado por ADECAF advertía ya de que si dicho pseudo sindicalismo continuaba desarrollándose e implantando impunemente en los centros penitenciarios de la Generalitat una cultura profesional de carceleros oriunda de Herrera de la Mancha (que se expresa, por poner un ejemplo de actualidad, en la vergonzosa práctica del túnel), el número de procesos penales por malos tratos a presos aumentaría de manera exponencial. Todas nuestras previsiones, desgraciadamente, se han cumplido, y en estos momentos los funcionarios penitenciarios catalanes somos un colectivo desacreditado y bajo sospecha. A estas alturas, y cuando el mal ya está hecho, lo único que podemos decirles a los compañeros es que cada cual tiene lo que se merece y que si en su día el colectivo decidió dar su apoyo al discurso sindical de la “mano dura”, ahora que no proteste si a algunos funcionarios les llega el turno de desfilar por los juzgados.

Queremos recordar que, cuando acusamos por primera vez a la central corporativista de arrastrarnos a la ruina, se intentó reducir el tema a una mera polémica entre sindicatos. Más tarde, viendo avalado públicamente nuestro informe por la Universidad de Barcelona (2003), la reacción corporativa consistió en intentar convertir el escándalo en pura propaganda de grupos antisistema. Aquí, administración, gremios, partidos y ONGs hicieron piña entorno a una suerte de santa alianza institucional catalana, frente a la cual ADECAF se convirtió en algo así como el demonio de las prisiones. Pero los hechos son tozudos y el segundo motín de Quatre Camins (2004) iba a poner una vez más en evidencia, y a decir verdad hasta la náusea, la verosimilitud de los repetidos pronósticos de ADECAF, dejando en ridículo a aquellos que, desde un supuesto compromiso con los derechos humanos (Catalunya está repleta de progresistas), pudieron evitar el trágico desenlace pero prefirieron ignorar nuestra llamada de socorro.

En efecto, ¿qué van a decir ahora, cuando es el propio Consejo de Europa el que, en su informe (9-11-05) sobre la visita a España del comisario europeo de derechos humanos, advierte del “excesivo protagonismo de algunos sindicatos que agrupan a los funcionarios de prisiones”? ¿Se trata esta vez, también, de una “picabaralla entre funcionaris” (Núria de Gispert ante el Parlament de Catalunya, 10 de febrero de 1999) o resultará que el señor Álvaro Gil-Robles es miembro de un grupo antisistema? ¿Qué se puede alegar cuando el propio sindicato CATAC reconoce (2003, 2004) que su sección de prisiones procedente de USO, mayoritaria para más señas, mantenía una línea incompatible con el respeto a los derechos humanos de los reclusos? Observamos, por otra parte, que ninguna central penitenciaria ha informado sobre la existencia del  informe del Consejo de Europa. De esta manera, los funcionarios persisten en la ignorancia voluntaria y las centrales implicadas en este fraude moral –que ya dura una década- pueden continuar adelante con sus tareas de manipulación y adoctrinamiento corporativo, pues no de otra forma pueden calificarse afirmaciones como que “en los últimos 23 años no ha habido ni una sola condena firme por malos tratos a reclusos de un funcionario de prisiones catalán” o “ni un solo caso de tráfico de drogas en el seno del colectivo.” Esto es una mentira consciente y descarada, pero en la presente situación, los promotores del viejo y fracasado corporativismo únicamente podrán mantener sus poltronas sindicales volviéndose de espaldas a la realidad e intentando que la más repulsiva intoxicación suplante a la información objetiva.

Veamos, así, qué dice el Consejo de Europa sobre el segundo motín de Quatre Camins: “Los sucesos acaecidos en el centro de Quatre Camins en abril de 2004, a los que ya me he referido más arriba, constituyen un buen ejemplo de las dificultades de la situación penitenciaria en Cataluña. (…) En concreto, un grupo de funcionarios fuera de servicio, al conocer la agresión sufrida por sus compañeros, se trasladó al centro penitenciario quebrantando todas las reglas del mismo y, al parecer, formaron un pasillo por el que hubieron de transitar los reclusos que iban a ser trasladados sufriendo los malos tratos denunciados. El Departamento de Justicia de la Generalitat llevó a cabo una investigación interna interrogando a varios funcionarios tras lo cual no fue posible identificar a ninguno de los responsables materiales de los malos tratos archivándose el caso sin haberse adoptado sanción alguna. El expediente fue remitido al Ministerio Fiscal para la determinación de posibles conductas constitutivas de delito o falta y actualmente existe una causa abierta en el Juzgado de instrucción núm. 3 de Granollers sin que se sepa todavía el resultado de la actuación judicial. Debo decir que tanto las autoridades como las instituciones catalanas han admitido la gravedad del caso y la utilización de medios coercitivos más allá de unos límites razonables. Sin embargo, en opinión del Consejero de Justicia, los incidentes señalados no pueden desvincularse de la situación de saturación, en ocasiones límite, que padecen los centros penitenciarios de Cataluña, de la ausencia de un protocolo adecuado de actuación para gestionar las situaciones de crisis, y de la existencia de determinadas prácticas por parte de algunos funcionarios miembros de sindicatos que hacen difícil el ejercicio de la autoridad por los responsables del centro. Este tipo de casos no puede reproducirse y las autoridades penitenciarias catalanas deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar que ello vuelva a ocurrir y preservar, en todo momento, la integridad física de los reclusos. En este sentido, espero que con la esperada cooperación de las autoridades penitenciarias catalanas, el juzgado de Granollers pueda esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales” (op. cit., págs. 20-21). 

Estas prácticas, que incluyen el reclutamiento de funcionarios francos de servicio y las vejaciones del túnel, proceden de Herrera de la Mancha. Nosotros ya advertimos que no se podía tolerar la legitimación de las mismas en los boletines sindicales, publicaciones que se distribuyen en el interior de los centros penitenciarios y tienen un efecto pedagógico sobre los funcionarios muy superior al de los patéticos cursillos del Centre d’Estudis i Formació Especialitzada o de todos los congresos penitenciarios internacionales que se quieran celebrar a casa nostra para lavar la cara de los políticos, gestores y sindicalistas del nacionalismo carcelario.

Pero las prisiones catalanas han tocado fondo no sólo con las palizas, sino sobretodo con el archivo administrativo de las mismas, que pone en evidencia la triste realidad de una institución penitenciaria cuyo cáncer corporativo alcanza, desde la época de Núria de Gispert, si no antes, los mismísimos despachos de las direcciones generales. No obstante, todavía nos falta mucho por ver, pues queda aun la vomitada final, esto es: que los juzgados del Nou Estatut, haciendo honor al pútrido oasis catalán y en nombre del pseudo patriotismo que todos conocemos –una suerte de corporativismo barretinero a escala autonómica- reconozcan, como la Generalitat de Catalunya se atrevió a hacer, que sí, que, en efecto, se perpetraron palizas, pero que no pueden  (¿quieren?) identificar a los delincuentes con uniforme responsables de las mismas a fin de no perjudicar la imagen de la casa, facilitando así, de paso, el buen entendimiento con los sindicatos.

Este desenlace largamente anunciado, a la sombra del pacto de la vergüenza entre Ciutadans pel Canvi y los carceleros corporativistas de extrema derecha, el matrimonio de la progresía cristiana y del Barça con los herederos de Herrera de la Mancha, retrataría al fin el fondo de la cuestión, algo que ya sabemos desde los casos Banca Catalana y Casinos, pero que deberá llegar hasta sus últimas consecuencias y hundirse en el barrizal oásico de la más absoluta ignominia para mostrar sus enteras  virtualidades axiológicas: el universo institucional catalanista en cuanto caterva de gángsteres.

En definitiva, vemos que el tripartit ha sido sólo un triste epígono progre de un modo de hacer que llevaba 23 años cociéndose en los despachos de la Generalitat. Las prisiones son el ejemplo más claro de la bancarrota moral de la administración nacionalista. Pasqual Maragall ha tenido su oportunidad, pero en el fondo Maragall era sólo un pujolista y no representa –ahora lo sabemos- ningún principio ni canvi alguno, sino sólo un final. Por este motivo proponemos ya, desde ADECAF, la desaparición de dicha burocracia moralmente enferma e incurable y la reintegración de todas sus competencias a la administración del Estado.  

ADECAF

Publicado el 1º de septiembre de 2006 después de un año de gracia esperando poder valorar la gestión penitenciaria de Ciutadans pel Canvi. Visto que las elecciones son en noviembre y los resultados de dicha gestión parecen ya más que evidentes, hemos decidido empezar a ventilar nuestras conclusiones. Gracias.