La administración catalanista:

corrupción, incompetencia, acoso laboral y absentismo

Los políticos catalanes no quieren a su vera personas honestas y competentes, sino personas de confianza, lo que quiere decir: dispuestas a asumir la responsabilidad de todos los trapicheos que permiten al político encumbrarse en el mundo del poder y de la riqueza.

En la administración, una persona honesta es aquella que cumple y hace cumplir la ley, le guste o no al político de turno. Pero esto no interesa. Si la ley tuerce la voluntad del político, éste no puede sacar partido de su cargo. Cuando el cumplimiento de la legalidad supone un escándalo que haga temblar la poltrona del político, lo que se debe sacrificar es la ley, porque el político hará todo lo posible para evitar dimitir y sólo se marchará cuando las urnas u otro político, es decir un rival o un superior, le den la patada en el culo por necesidades del servicio.

Tampoco quieren los políticos personas competentes, léase: personas que no le deban favores al político y hayan llegado allí donde estén por méritos propios. Una persona que no deba nada al político es una persona que puede exigir que se hagan las cosas de la manera más eficaz, no de la manera que conviene al político. Si el político quiere contratar los servicios de una empresa próxima a sus intereses pero onerosa para el erario público, el funcionario competente dirá no y explicará por qué con todo lujo de razones. Luego, es mejor que no sea competente, es mejor que se sepa un inútil, que tenga asumido el principio fundamental de una administración politizada: "estás donde estás gracias a mí".

La política y la administración nacionalistas forman una inmensa red clientelar donde lo que cuenta no es la eficacia, la eficiencia y la objetividad en el servicio público, sino otros "méritos" que son, a la larga, lesivos para la propia administración y, por lo tanto, para la sociedad catalana.

Pensemos en las consecuencias del principio de lealtad a la persona, consagrado por Pujol con su idea del "personalismo" (por supuesto, la persona par excellence era él).

En primer lugar, si el cargo, como hemos dicho, ha de depender del político, es recomendable no sólo que sea virtualmente deshonesto, sino incluso que tenga las manos sucias. Si ya se ha manchado por su jefe, le ha demostrado su amor canino, su fidelidad o en general se sabe que es un guarro dispuesto a todo por ascender, tiene más posibilidades. Además, siempre se le puede expedientar o incluso se puede filtrar a la prensa lo que haga falta cuando ose desafiar al amo.

En segundo lugar, para que no se ensoberbezca con el cargo, normalmente ha de ser no ya un analfabeto, sino un cretino integral, algo muy frecuente en el catalanismo, donde los asnos cuatribarrados son legión: de esta manera el elegido es dócil, sólo obedece y nunca deja en evidencia al tiburón trajeado (que raras veces acostumbra a ser un Sócrates). Si pensamos cuál es el nivel medio de nuestros políticos, deduciremos matemáticamente el de las personas que han de depender de ellos. Por otra parte, los funcionarios que conocen su bajísimo nivel académico intuyen que para medrar necesitan entrar en los despachos, ofrecer lealtades e informar o difamar sobre otros funcionarios "peligrosos". Así se convierten en personas de confianza, pues no pueden esperar hacer carrera de otra forma que de ésta y actúan en consecuencia.

En tercer lugar, visto que el funcionario ha de ser un auténtico perro dispuesto a tapar lo que haga falta, a mostrar lealtad y a comerse la mierda que pueda salpicar al político, incluso cuando ello suponga terminar, por mor de Catalunya, en la celda de una prisión, el político pondrá a prueba al funcionario sugiriéndole alguna pequeña irregularidad para verificar cómo reacciona. Diminutos aperitivos de caca que el funcionario come, para luego mirar al déspota moviendo la cola, lo que significa: yo soy leal, dame más y recompénsame más.

Estamos ante una selección en negativo: has de presentar méritos de corrupción, has de ser lo bastante sucio y rastrero para el cargo, y conviene que tu formación y capacidad sean muy limitadas: en suma, has de justificar documentalmente que eras el último de la clase. De lo contrario, el político no te dará la poltrona. Si se corre la voz de que eres un funcionario honesto, que se debe sólo a la ley y no al culo apestoso del parásito con corbata que ha aterrizado en el despacho de arriba, estás acabado. Irá a por ti, te tanteará y al final, si no te sometes, con cualquier excusa te eliminará del mapa.

¿Quiénes llegan, por tanto, a la cúspide? Los más malos y los más idiotas. Esta es la conclusión ineluctable del oasis pujolista en el ámbito de la administración catalana.

Los ingredientes descritos van cociendo, en efecto, poco a poco, el caldo de cultivo de la ineficiencia administrativa. Cada nueva hornada de partidos catalanistas que llega al poder deja tras de sí su herencia de pequeños canallas sin escrúpulos, lerdos y cerdos, de manera que, a medida que se sube, el ambiente es cada vez más irrespirable. Es un ambiente de intrigas, de envidias, de rivalidades mezquinas, donde lo que menos importa es el servicio público. El aire envenenado de los despachos cimeros es tóxico para la verdad, la objetividad y la eficiencia. Si estos energúmenos detectan cualquier rastro de tales valores o pautas de conducta en un funcionario, automáticamente se confabulan contra él para impedir que llegue más lejos y tire de la manta. Tienen miedo del jabón y se curan en salud.

Últimamente se habla mucho del acoso laboral en la administración. Todos los políticos se han rasgado las vestiduras frente a tan abyecto fenómeno, que normalmente afecta, no se sabe por qué, a las personas más capacitadas. Pero, a la hora de la verdad, nadie hace nada. El Partido Popular y CiU frenaron en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley socialista contra el acoso laboral, pero una vez ganadas las elecciones, el PSOE, al parecer, se olvidó del tema.

Ahora bien, es evidente que el principal problema de la administración catalana son los funcionarios que, además de querer cumplir la ley, plantan cara a los políticos cuando éstos la vulneran. Entonces, dado que el funcionario tiene su plaza en propiedad y no puede ser despedido, hay que destruir su carrera profesional y, si es necesario, su salud y hasta su vida (se ha dado el caso de funcionarios que se han suicidado después de años de mobbing) para impedir que amenacen los sueños diurnos del diputado iletrado. El mobbing es el instrumento de control y represión de los funcionarios honestos y competentes que quieren fundamentar su trabajo en el respeto a la ley. Los políticos nunca harán nada contra el mobbing (acoso laboral) que sus perros incompetentes y corruptos, normalmente en los cargos de dirección, pero también los trabajadores que quieren llegar a serlo, aplican sin piedad al que es su peor enemigo: el personal legalista.

En consecuencia, la administración seguirá siendo cara, incompetente y repleta de absentistas laborales que ya no creen en nada y que, o bien están de baja médica porque saben que su carrera no depende del trabajo sino de los favores, o bien se encuentran sumidos en la depresión porque han sido víctimas del acoso laboral y han renunciado, para siempre, a tener una carrera administrativa.