El día 31 de julio de 1999, el diario LA MAÑANA publicaba unas informaciones según las cuales la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF) hizo publico un comunicado en el que se exponía "la posibilidad de que datos personales de funcionarios de prisiones afiliados a CATAC (unos cuatrocientos en toda Catalunya y una veintena en Lleida) llege en cualquier momento al entorno político de ETA". Como consecuencia de estas informaciones el sindicato CATAC interpuso una querella criminal contra el secretario general de ADECAF, Jaume Farrerons, y el periodista de LA MAÑANA Jordi Solana, en el juzgado de instrucción número 4 de Lérida, por presuntos delitos de calumnias e injurias al haber imputado a Manuel Allué Pastor, secretario general de CATAC Prisiones, el delito de haber filtrado los datos de sus afiliados al entorno político ETA.

El pasado día 16 de enero del 2000, el citado juzgado de instrucción archivaba la querella interpuesta por Manuel Allué. En el auto que decreta el libre sobreseimiento, se expone literalmente que "En el supuesto que nos ocupa, los hechos que son objeto de información y crítica en los artículos publicados en las datas anteriormente mencionadas, tienen relación con los supuestos riesgos de filtraciones de los datos de identidad de los funcionarios de prisiones que, también supuestamente, pudieran llegar al entorno político de una organización terrorista, habida cuenta de las presuntas relaciones de la entidad querellante y otros sindicatos y entidades próximas al entorno de dicha organización terrorista (...) Esa posibilidad ha sido objeto de investigación periodística, tal y como se desprende de los documentos aportados a lo largo de la causa por las representaciones procesales de los querellados, y como tal, ha de ser reputada, en el entendimiento de que el autor de los artículos ha venido motivado por el ánimo de informar, y, en su caso por el animus criticandi, y no por el animus difamandi que sostiene el querellante".

En definitiva, quedan demostrados los hechos que este sindicato ha negado de forma reiterada, a saber, la existencia de vínculos orgánicos con grupos proetarras que defienden la lucha armada y que, por tanto, generan graves riesgos para los funcionarios de prisiones afiliados a CATAC. En la actualidad, podemos afirmar que dichas relaciones orgánicas van más allá del independentismo radical catalán (por ejemplo, el sindicato de Terra Lliure, COS, el PSAN o el grupo juvenil Maulets) y se concretan en la participación de CATAC, a través de la confederación IAC, en una intersindical estatal con LAB, el sindicato del entorno político de ETA. Conviene recordar que algunos de los dirigentes de LAB, como el secretario general Rafael Díez Usubiaga, se han relacionado directamente con la cúpula política de la banda terrorista.

Barcelona, 18 de enero de 2001