Marta F. Sánchez, funcionaria de prisiones, sostiene que hay compañeros suyos que vulneran los derechos de los presos.

"Son pocos, pero tienen mucha fuerza", afirma.

MONTSE MARTÍNEZ

BARCELONA

Todavía recuerda, como si fuera hoy, lo que le dijo otra funcionaria el primer día de su trabajo en prisión, hace nueve años: "Todo lo que entra en la cárcel es mierda y como mierda hay que tratarlo".

Marta F. Sánchez, de 44 años, funcionaria de prisiones, nunca trató a los presos así. "Simplemente, me dirigía a ellos de forma normal", explica. Y le costó caro.

Empezó a trabajar como funcionaria de prisiones por necesidad. Recién separada y madre de un bebé, necesitaba trabajo.

Siempre ha estado en la prisión de Brians, primero interina y luego con plaza, con la tercera mejor nota de Catalunya en la oposición. "Entré con ilusión, dispuesta a volcarme en un trabajo que, para mí, tiene un claro componente social", explicaba ayer, mientras se hacía cruces de su inocencia.

Casi una década después, se encuentra de baja, desde enero del 2003. Cuando empezaba a levantar cabeza tras una profunda depresión, fruto --asegura-- de la situación de acoso y derribo que sufría en su trabajo, enfermó de cáncer de mama. Mientras acaba de recuperarse, asiste como observadora a la crisis que vive el sistema penitenciario catalán tras las denuncias de maltrato de varios presos participantes en el motín del Quatre Camins del pasado 30 de abril.

""En la cárcel, se maltrata, claro que se maltrata", explica para, enseguida, hacer un matiz que considera importantísimo: "Los maltratos no son sólo pegar a los presos. Se hace la vida imposible de muchas formas".

Respaldo sindical

Pero Marta enseguida quiere dejar clara otra idea fundamental: "Del colectivo de 3.000 funcionarios de prisiones en Catalunya, el llamado núcleo problemático no lo integran más de 100". "Son pocos, pero tienen mucha fuerza porque cuentan con el respaldo sindical", añade Marta, que asegura que el grueso del colectivo lo constituyen personas honradas con hipotecas que pagar que no quieren ningún problema.

La funcionaria de baja define el calificativo de funcionario problemático: constante hostilidad hacia el interno, prepotencia, humillación y, en algunos casos, golpes.

Le viene a la memoria la frase de otro compañero, grabada en su conciencia como la primera que oyó: "Yo nunca pegaré a un preso, pero no diré nada si otro lo hace".

Esta actitud, según esta funcionaria, debe cambiar para que los que manchan el nombre de todo el colectivo sepan que no son los dueños en las cárceles. Pero, hoy por hoy, señala Marta, parece imposible.

"El corporativismo es salvaje", dice para añadir: "La Administración convergente siempre dejó claro que cualquier funcionario que denunciara a un compañero por prácticas irregulares con reclusos sería abandonado a un acoso laboral brutal". "Ya les iba bien --asegura-- tener las cárceles controladas, en manos de funcionarios con prácticas totalitarias".

Ahora, Marta F. Sánchez tiene constancia de que el nuevo Govern se ha interesado por las personas que, como ella, están de baja por haber padecido mobbing mientras prestaban su trabajo en las cárceles. Ella, con toda probabilidad, tendrá un destino fuera de los centros penitenciarios. "Ya era hora de que la Administración actuara con un poco de honestidad", explica Marta.

Formación específica

Ella creía y, pese a lo que ha vivido, todavía cree en la reinserción de los presos porque sabe que hay casos en los que, realmente, es posible. "Hablar de reinserción en la cárcel es tabú porque son pocos los funcionarios que creen en ella y los que creen no se atreven a decirlo", dice. Por eso, según ella, es tan importante el planteamiento del nuevo Gobierno, que aboga por dar una formación específica a los funcionarios.

Además, Marta niega de forma tajante la farsa difundida de que los funcionarios de las prisiones de Catalunya, la única comunidad autónoma con competencias, son más progresistas que los del resto de España. "Una farsa", dice.