EL PERIÓDICO, 24/11/ 2004
Penal emblemtico
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Los represores chilenos sean encarcelados en el cuartel que Pinochet usó para dar el golpe.
El número de imputados obliga
a ampliar la prisión.
BUENOS AIRES
A medida que se cierra el círculo político
y judicial alrededor del dictador --ningún simpatizante se acercó ayer
a su casa para cantarle "con dinero o sin dinero / hago siempre lo que quiero /
y mi palabra es la ley", una ranchera que solía sonar como grito de guerra-- los tribunales se enfrentan con un problema de espacio: dónde ubicar
a los imputados en las ms de 300 causas, de las que unas 150 afectan
a miembros del Ejército de Tierra. Los hechos se precipitaron en las últimas semanas y no hubo forma de frenarlos. Lo primero que sucedió fue el conocimiento parcial del informe de la Comisión Nacional sobre la Tortura, que incluye testimonios escalofriantes de unas 30.000 víctimas del régimen de Pinochet . Su impacto en una sociedad acostumbrada a las denuncias sobre el tema fue tan grande que hasta la derecha más dura --aquella que creció bajo la sombra del sable del dictador-- se vio obligada a reconocer su vergenza por haber callado durante tantos años. El Ejército, anticipándose también a la divulgación del informe --que se conocer en su totalidad en los próximos días--, formuló una insólita autocrítica por su papel en la represión ilegal. Pero no sólo eso: dio a entender que los responsables de aquellos delitos no podían seguir siendo protegidos eternamente. Pocos días después, llegó un histórico pronunciamiento del Tribunal Supremo. La máxima autoridad judicial consideró que la ley de amnistía que Pinochet hizo a su imagen y semejanza en 1978 no es aplicable para los casos de "secuestro calificado", la forma elegante con la que se hace referencia en Chile a la desaparición de personas. Con su dictamen, los jueces del Supremo sentaron jurisprudencia y dieron luz verde para que se aceleren las causas pendientes.
Y allí surgió el problema de la falta de celdas suficientes en el caso de que empiecen las condenas en serie. El Gobierno decidió entonces ampliar la cárcel de Punta Peuco, donde se encuentran cumpliendo penas algunos de los símbolos de la represión ilegal, como el general Manuel Contreras, el primer director de la policía secreta de Pinochet, la Dina. Y mientras se realizan las tareas de construcción, los nuevos sentenciados
sean encerrados en el Comando de Telecomunicaciones de la comuna de Peñalolén. El lugar elegido no puede tener mayor peso en la historia reciente de Chile. Fue desde allí que Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, dirigió el golpe de Estado contra Salvador Allende. En esa unidad militar también se torturó y detuvo a los opositores. Peñalolén cuenta con cabañas, una piscina, canchas de tenis y televisión por satélite. Cuando los organismos de defensa de los derechos humanos se enteraron de que ése había sido el lugar elegido pusieron el grito en el cielo. Para evitar malentendidos, el presidente Ricardo Lagos afirmó ayer que Peñalolén no se convertir en una suerte de prisión VIP. Y agregó: "Nada de eso estar disponible, porque habr un régimen carcelario normal".
Por si hiciera falta, el director de la Gendarmería, Juan Carlos Pérez, aseguró
que "esto no ser un resort (hotel de cinco estrellas)" En los próximos días, explicó, la piscina dejar de funcionar, se
aumentara de 3 a 20 las cámaras de vigilancia y se
prohibían los teléfonos móviles.
"No porque haya hacinados en las cárceles chilenas vamos a ponerlos a los militares en las mismas condiciones", se quejó también Mauricio Unda, defensor de algunos represores. Pero no tuvo suerte en su petición. |