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Condenan a 28 años a dos funcionarios de ‘la mafia del corazón de cerdo’

La trama introducía heroína, alcohol y móviles en las cárceles y traficaba con los presos

La petición de penas del fiscal sumaba casi siglo de cárcel

Palma de Mallorca 18 ABR 2013 - 18:54 CET

Dos funcionarios de prisiones actuaron de capos de sendas mafias en la cárcel de Palma. "Guiados por el ánimo de lucro de enriquecerse ilícitamente" ejercieron un "poder de control y dominio sobre los internos y el resto de funcionarios"., según la sentencia de la Audiencia de Palma que los condena a penas que suman 28 años de cárcel. Eran los cabecillas de los dos clanes rivales detectados en el centro penitenciario de Palma y operaron entre 2002 y 2008. No todos los integrantes de las bandas fueron identificados.

La sentencia acredita que introducían en los módulos botellas de alcohol, heroína, cocaína, móviles y tarjetas y traficaban con ello con los internos. En la cárcel había palizas y silencios, privilegios tasados y castigos, abusos sexuales a cambio de droga y permuta de las pruebas de control de orina. El caso estalló en los juzgados cuando la esposa del director de la prisión recibió en su domicilio un paquete que contenía un corazón putrefacto, parecido al humano, pero que era de cerdo. Un presa de confianza, de tercer grado, compró la víscera en una carnicería.

Antonio Cao, funcionario de 43 años, autor del envío macabro que dio nombre a la complicada investigación policial Operación K.O, ha sido penado con 16 años de reclusión por atentado a un agente de la autoridad, cohecho, delito contra la salud, abusos y revelación de secretos. La trama filtró información confidencial de la cárcel a un periódico, según acredita la sentencia.

Al funcionario Mario Fernández, de 46 años, se le condena a 12 años de cárcel. Según la sentencia, Fernández “en competencia con el anterior acusado, desplegó unas actuaciones similares para rivalizar” con la banda de la competencia.

En la causa se contó con la colaboración de testigos protegidos, amparados en el anonimato, cuya identidad no se desvela y su relato fue analizado en prueba, según la magistrada ponente y presidente de la Sala, Francisca Ramis.

Un preso arrepentido, gracias al pacto de conformidad, asume una pena de seis meses: reconoce que recibió el móvil clandestinamente, su esposa pagó por 500 euros al funcionario. No se pudo acreditar que por el mismo conducto poseyera un reproductor de música y un ipod.

La petición de penas del fiscal era mucha más alta, sumaba casi siglo de cárcel. La sala de la Audiencia ha aplicado circunstancias atenuantes para moderar el grado de las penas por las dilaciones indebidas del proceso y, especialmente, absolvió a Antonio Cao de obstrucción a la justicia, amenazas y coacciones, daños y contra el orden público.