Toda persona tiene derecho a no ser torturada ni maltratada. Sin embargo, este derecho se viola diariamente en centros penitenciarios de todo Estados Unidos.  

La población reclusa de Estados Unidos asciende a más de 1.700.000 personas. Más del 60 por ciento de ellas pertenecen a minorías raciales o étnicas. Más de la mitad son de raza negra. El número de reclusos es más de tres veces superior al que había en 1980, y el número de mujeres presas se ha cuadruplicado desde entonces.

Unos 77.000 presos están recluidos en instituciones penitenciarias privadas. Ha habido denuncias de casos graves de malos tratos infligidos a presos y de malas condiciones en centros de este tipo de diversos estados.  

Se construyen centros nuevos, pero no los suficientes para satisfacer la demanda, por lo que en muchos hay problemas de hacinamiento y falta de personal que crean una condiciones peligrosas e inhumanas.  

La violencia física y sexual es endémica en muchos centros penitenciarios.  

En noviembre de 1997, una delegación de Amnistía Internacional que visitó la institución SCI-Greene, prisión de super máxima seguridad de Pensilvania que alberga a condenados a muerte, se entrevistó con reclusos que aseguraban ser víctimas de golpes e insultos racistas a manos de los guardias. En mayo de 1998, tras realizarse una investigación interna, varios guardias fueron despedidos y alrededor de veinte más fueron objeto de medidas disciplinarias por haber maltratado a los reclusos.

ATENCIÓN MEDICA DEFICIENTE

La atención médica presenta graves deficiencias en muchos centros. Entre los problemas denunciados figuran el trato totalmente inadecuado que reciben los enfermos mentales, la falta de atención a las necesidades de salud de las mujeres, las dificultades para recibir medicamentos recetados por el médico y la negativa o el retraso en prestar los cuidados médicos necesarios.

Annette Romo, joven embarazada recluida en Maricopa, suplicó en vano al personal de la cárcel que le trajeran ayuda médica cuando comenzó a sangrar en 1997. Al final perdió el conocimiento y fue trasladada rápidamente al hospital. El niño murió.  

La falta de protección adecuada contra las enfermedades contagiosas, sumada al hacinamiento y a las condiciones antihigiénicas, entraña un grave e innecesario peligro para muchas vidas.

SILLAS DE INMOVILIZACIÓN

Las sillas de inmovilización, especialmente diseñadas para ser utilizadas con reclusos, se usan ampliamente en los centros penitenciarios a pesar de los reconocidos peligros que comportan. Scott Norberg murió asfixiado en la cárcel de Madison Street del condado de Maricopa, Arizona, en junio de 1996. Le habían sentado en una de estas sillas con la cara envuelta en una toalla. En 1997 las autoridades declararon que las 16 sillas de que se disponía se habían utilizado 600 veces en seis meses.  

También se utilizan pulverizadores de sustancias químicas y aparatos de electrochoque. Algunos están prohibidos en diversos países por los riesgos que entrañan. Un asunto que es motivo de especial preocupación es el creciente uso de cinturones paralizantes de electrochoque por control remoto, con los que basta apretar un botón para aplicar al preso una fuerte corriente eléctrica que le causa gran dolor y le tira al suelo.

ABUSOS SEXUALES

En 1997, el Departamento de Justicia demandó a los estados de Michigan y Arizona por no proteger a las mujeres contra la conducta indebida en materia sexual, manifiesta por ejemplo en agresiones sexuales y «contemplación lasciva al vestirse, ducharse y utilizar los aseos».  

En algunos centros, la violación y los abusos sexuales persisten porque los reclusos temen las represalias y se sienten demasiado vulnerables para presentar denuncias. También es motivo de preocupación el hecho de que se permita a personal del sexo opuesto efectuar registros personales que suponen contacto corporal y que estén presentes si los reclusos tienen que desnudarse.  

En todo el país se utilizan métodos crueles, inhumanos y, a veces, peligrosos para inmovilizar a los reclusos, incluso si éstos son enfermos mentales.  

Es corriente colocar grilletes y esposas a los presos y detenidos cuando son trasladados a algún sitio, aunque no supongan ninguna amenaza. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, se les suele colocar algún tipo de aparato de inmovilización mecánico durante los traslados y, a veces, cuando están hospitalizadas.

Las esposas hacen que aumente considerablemente el riesgo de caídas y de lesiones para la madre o el feto, ya que impiden a la mujer utilizar las manos para protegerse el cuerpo.

UNIDADES DE "SUPER MÁXIMA" SEGURIDAD 

En 1997 había recluidos en unidades de «super máxima» seguridad unos 13.000 presos, y el numero va en aumento. Estas unidades se utilizan para el aislamiento durante largos periodos de presos peligrosos o problemáticos y las condiciones existentes en algunas de ellas constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, en agosto de 1997 se inauguró en Texas la Unidad de Máxima Seguridad W. J. Estelle, donde se mantiene a los presos asilados en celdas sin ventanas durante veintitrés horas o más al día. 

Las celdas son cubículos de cemento sin luz natural y con una sólida puerta de acero con estrechas ranuras por las que apenas se ve un trozo de pasillo.

El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de garantizar que se protegen los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se encuentran presas. Es necesario establecer con urgencia organismos independientes de ámbito nacional que mantengan bajo observación las condiciones penitenciarias y emprendan acciones para remediar los abusos. Asimismo se deben elaborar reglas sobre el trato a los presos aplicables en todo el país y compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Tales medidas serían indicativas de un compromiso serio por parte de las autoridades estadounidenses para poner fin a la tortura y los malos tratos en los centros penitenciarios.