«Seres humanos, no animales». Amnistía Internacional presenta en España una campaña sobre la crisis penitenciaria de Brasil

Cometimos un delito y ahora estamos pagando nuestra deuda con la sociedad. Pero nadie merece ser tratado así, como animales. Palabras de un preso brasileño.

Los presuntos delincuentes detenidos y los presos son las víctimas olvidadas de las violaciones de derechos humanos en Brasil. Hacinados en celdas oscuras, sin ventilación e infectadas de plagas, los reclusos están expuestos a contraer enfermedades mortales y viven con el temor constante de ser atacados por otro de los reclusos o de que los funcionarios de la prisión o la policía les peguen o los torturen.

Así lo afirma el informe «Aquí nadie duerme tranquilo». Violaciones de derechos humanos contra presos, que es el resultado de dos años de investigación de Amnistía Internacional y retrata un sistema penitenciario en crisis, y con el que Amnistía Internacional inició el pasado mes de julio una campaña que hoy se presenta en España.

La organización pide a las autoridades de España y de la Unión Europea que presten el mayor apoyo posible a las acciones emprendidas para intentar solucionar la grave situación que padecen decenas de miles de personas en los centros de detención de Brasil.

«Escondidos de todas las miradas, encerrados tras las paredes de una prisión o de una comisaría de policía, estos seres humanos también están ausentes de la conciencia del público, y el desdén que muchos miembros de la sociedad brasileña expresan por los delincuentes y los presuntos delincuentes sirve como justificación para tratarlos con la más atroz brutalidad», ha declarado Julia Rochester, responsable internacional de la campaña.

La legislación brasileña establece amplias garantías para la protección de los derechos humanos, y los derechos de los detenidos en particular se consagran en la constitución de Brasil. El problema para estas personas no es la calidad de la legislación escrita, sino una perniciosa combinación de corrupción, falta de formación profesional de los guardias de prisiones y falta de normativas oficiales y de vigilancia eficaz de estos abusos. Esta combinación de elementos ayuda a fomentar la impunidad.

«No tendría por qué ser así», ha subrayado Julia Rochester. «Varias prisiones de tamaño más reducido han demostrado que es posible lograr una administración de los centros penitenciarios basada en la rehabilitación de los delincuentes y en el respeto a los derechos humanos fundamentales, aunque los recursos sean limitados.»

«Hemos visitados centros penitenciarios donde se ha hecho un esfuerzo por proteger la relación de los presos con sus familias, por introducir programas de trabajo y rehabilitación y por proporcionar una atención sanitaria adecuada. A pesar de haber tenido que enfrentarse con unas condiciones que distan mucho de ser óptimas, estos centros nos enseñan que una buena administración de la prisión tiene una influencia innegable en reducir la tensión y la violencia.»

«Hacer de las prisiones un lugar seguro para todos los que en ellas viven y trabajan es uno de los métodos más efectivos para garantizar los derechos humanos durante la detención. Con voluntad política, pueden lograrse mejoras con recursos limitados», ha afirmado Rochester.

El contraste entre la mayoría de las prisiones y estos centros es asombroso. En Brasil hay actualmente unos 170.000 presos repartidos por más de quinientas prisiones, miles de comisarías y cárceles municipales. Cada año se producen decenas de muertes como resultado de la violencia de la policía y de los funcionarios de prisiones, de la falta de atención médica y de la falta de previsión por parte de las autoridades de las situaciones de violencia entre presos. La gran mayoría de estas muertes bajo custodia no se investigan ni se documentan.

En las comisarías brasileñas está muy extendida la tortura como método para extraer confesiones. Las palizas y la intimidación también son métodos empleados en las prisiones y comisarías de policía para controlar a los detenidos, cuyo número crece sin cesar. Todas las semanas se producen
motines e incidentes de violencia que indican que las autoridades están perdiendo el control de ciertos establecimientos.

Las celdas de muchas prisiones y comisarías brasileñas están extremadamente superpobladas e infestadas de plagas. Los presos no tienen espacio para hacer ejercicio, o el que tienen es muy reducido. Las instalaciones sanitarias son muy deficientes y constituyen un riesgo para la salud, con retretes atascados y desagües rotos. En la comisaría de Cariacica (Espirito Santo), se hacinaban 92 hombres en una única zona de detención que tan sólo disponía de dos aseos y 16 literas.

La congestión de las deterioradas cárceles br asileñas supone que miles de presos preventivos y penados están en calabozos de comisarías de la policía civil, donde se producen algunos de los casos más graves de palizas y torturas. Según un alto cargo del gobierno, «las cárceles son el purgatorio, pero las comisarías son el infierno».

La humillación y la tortura forman parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, los detenidos en los distritos de la policía civil de Belo Horizonte son obligados a apiñarse desnudos en un patio mientras registran
sus celdas y luego los agentes los riegan con una manguera desde el tejado. Asimismo, se ha habilitado una habitación especial para torturar a los presos.

En respuesta a la crisis de las prisiones, Brasil se ha embarcado en un gran programa de construcciones para reducir el hacinamiento, pero exportando los fallos estructurales y el desprecio sistemático de los derechos humanos a las nuevas instalaciones, donde ya están estallando motines y brotes de violencia.

El informe de Amnistía Internacional ofrece varias recomendaciones de reforma en ocho áreas clave que podrían ajustar el sistema penal brasileño a las normas internacionales. Estas recomendaciones, algunas de las cuales podrían aplicarse fácilmente con poco o ningún coste, consisten en procedimientos eficaces de inspección y presentación de denuncias, formación adecuada y directrices normativas claras.

«Cuando los presos pierden el derecho a la libertad, no pierden sus derechos humanos fundamentales. Las autoridades brasileñas tienen la obligación de garantizar que estos derechos se respetan plenamente», ha concluido Rochester.

Para más información pueden llamar al teléfono 91 310 12 77 (extensión 25). Pueden consultar más información en las páginas web de la campaña y de la Editorial de Amnistía Internacional (EDAI).

Comunicados de 1999