EL PAÍS, 28/06/2013

 

Condena de 25 años para el funcionario de prisiones que abusó y violó a presas

Forzaba a sus víctimas y las amenazaba con perjuicios penitenciarios

Los delitos se cometieron entre 2007 y 2009 en la cárcel de Soto del Real

 

Madrid 28 JUN 2013 - 15:13 CET

 

Se trata de hechos atroces. De abusos y violaciones en un ambiente cerrado perpetrados por una persona de la que la víctima difícilmente puede escapar. Un agresor que, por la autoridad inherente a su puesto, puede convertir la vida de la víctima en un infierno, y no solo en el plano sexual. Miguel Ángel P. H., el violador y abusador cuya condena a 25 años y medio de reclusión hizo pública ayer la Audiencia de Madrid era funcionario de prisiones destinado en la de Soto del Real (Madrid). Sus víctimas, cuatro presas de ese mismo penal que, a pesar de su posición, consiguieron sacar adelante sus denuncias y —si el Supremo lo confirma— poner a su vigilante entre rejas.

El primer encuentro entre el agresor y D. M., una reclusa de 25 años, se produjo a finales de 2007 mientras esta trabajaba en la limpieza de los talleres del centro. Miguel Ángel aprovechó que se encontraba a solas con ella para lanzarle afirmaciones como “qué buena estás” o “qué tetas tienes”. También le pidió que se fuera a vivir con él y le aseguró que si mantenía relaciones sexuales con él, su situacion en prisión mejoraría. Y al contrario si se negaba. La violencia siguió en aumento y, un día hacia febrero de 2008, el funcionario pidió a D. M. que le subiera un café. Al acercárselo, se lo encontró masturbándose. En otra ocasión la inmovilizó y le tocó los pechos y le pidió que le hiciera una “mamada” a lo que la interna se negó. El acoso fue tal que D. M. pidió el traslado de su puesto de limpiadoras al del taller de biblioteca, un destino que, a diferencia del primero no estaba remunerado. Y lo justificó “por problemas físicos” para evitar problemas con la prisión.

En el caso de F.V.P. Miguel Ángel empleó aún más fuerza. Y un chantaje familiar. El agresor le aseguró que si no accedía a sus deseos, no solo su situación penitenciaria se resentiría. También la de su hermano, preso en esa misma cárcel que, según el funcionario, podría volver a primer grado, el de cumplimiento más riguroso. En esas condiciones, Miguel Ángel se presentó en el economato en el que la reclusa trabajaba y se permitió lanzarla contra un frigorífico, sujetarla, toquetearla e introducirle los dedos en la vagina. Después consumó la violación al introducir por la fuerza su pene en la boca de la víctima.

A una tercera interna, T.S., destinada en los talleres de costura y de cocina, también la tocó e intentó obligarla a practicar sexo oral por la fuerza en abril de 2009, pero esta consiguió zafarse. Lo hizo amenazándola con trasladar a su pareja, también preso en esa cárcel. Al final, para no perjudicar a su compañero, fue T.S. la que solicitó el cambio de centro penitenciario. El violador también lo intentó con una cuarta reclusa, aunque no lo consiguió.

Para condenar a Miguel Ángel por abuso en el ejercicio de su función, violación, dos agresiones sexuales y un abuso sexual, los magistrados no solo tuvieron en cuenta las declaraciones de las víctimas. También las de otros funcionarios que detallaron el miedo de las internas y sus intentos para no cruzarse con el agresor. El director y otros dos miembros de la plantilla prohibieron a Miguel Ángel comunicarse con D.M. y F.V.P., que se atrevieron a denunciar. Pero este incumplió la orden y volvió a amenazarlas.

Si el Supremo confirma la condena, el agresor sexual y violador la cumplirá en un módulo especial para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sería incluido en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) para evitar que logre favores o privilegios de sus antiguos compañeros.