La Razón, 25/04/2007
Justicia estudia crear una prisión que albergue a los internos más conflictivos.
El nuevo centro serviría para que los reclusos que someten al resto perdieran su influencia y no bloquearan su reinserción.
La propuesta recoge la preocupación de por lo menos, unos 250 funcionarios.
La nueva cárcel podría ubicarse en la prisión que actualmente se construye en Tàrrega.
Xiana Sicardi.
BARCELONA
El departamento de Justicia de la Generalitat confirmó ayer a este diario que está estudiando la propuesta de creación de un centro penitenciario especial para los reclusos más conflictivos, cuyo nombre técnico sería "centro de régimen ordinario restringido". La iniciativa fue presentada ayer por la mañana al secretario general de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat, Albert Battle.
Este sindicato le trasladó un informe durante la reunión -que viene a recoger las preocupaciones de por lo menos sus 250 funcionarios de prisiones que están afiliados- en el que se detalla la problemática que se vive actualmente en las prisiones catalanas, especialmente a nivel convivencial, y donde se relatan círculos viciosos de extorsiones y jerarquías mafiosas impulsadas por internos especialmente "conflictivos", difíciles de abortar para el funcionario y que no hacen nada más que romper la función rehabilitadota que siguen muchos internos.
"Estos internos conflictivos no sólo se perjudican a ellos mismos negándose una posibilidad de reinserción, al reiterar continuamente esta conducta negativa, sino que constituyen una fuente de conflicto en los módulos actuales, influyendo negativamente al resto de los internos", sostiene el informe.
Extorsión hasta el pánico
El documento expresa la preocupación por "el crecimiento constante de la población extranjera, que se sitúa en el 37'5 por ciento del total"; por el hecho de el "40 por ciento de la población reclusa extranjera proviene de países del Magreb", así como por "el incremento de la población procedente de países europeos de fuere de la UE y América central y del sur", detalla.
"La diversidad cultural existente crea la necesidad de un mayor esfuerzo, tanto en el área de tratamiento como en la de vigilancia para resolver conflictos, malentendidos y situaciones que podrían suponer incidentes de mayor o menor gravedad", sostiene el texto. Añade que, "como es lógico", la población reclusa extranjera "se relaciona habitualmente en función de su procedencia, lengua común, etnia o religión, formándose grupos que, con el tiempo "evolucionan hacia grupos jerarquizados, en lo que uno o más internos tienen una gran influencia sobre el resto del colectivo".
Estas influencias provocan que muros adentro se creen "grupos de extorsión y de presión destinados a realizar determinados actos" cuyo fin es el de "atemorizar" a otros reclusos o a alejarlos de sus tratamientos de rehabilitación o reinserción en la sociedad. Los efectos de este sometimiento generan, además, "actuaciones realizadas bajo presión como fomentar la entrada y distribución de sustancias u objetos prohibidos, extorsiones a otros internos", al tiempo que son los reclusos sometidos los que, en caso de haber problemas y deban intervenir los funcionarios "son los que quedan al descubierto, manteniéndose intacta la estructura jerarquizada del grupo gracias al silencio de lo internos implicados, en la mayoría de ocasiones por pánico a las consecuencias que podrían sufrir si denuncian la trama".
Diseño del centro
Es por estos motivos que el sindicato CSI-CSIF ha propuesto a Justicia la creación de este centro, que serviría para aislar a los reclusos que generan más distorsiones. A su juicio, esta prisión "debería tener capacidad para unos 500 reclusos, con módulos independientes de hasta treinta internos", las aulas de actividad "deberían estar situadas en el interior del módulo, y deben contemplar un máximo de diez internos". Estos deberían "cumplir un mínimo de seis horas horas de actividades", y tener un patio común en el que estarían un "máximo de cuatro horas diarias y un mínimo de dos, con el fin de facilitar la socialización del individuo ante el resto de los internos del mismo módulo". Según explicó el representante de CSI.CSIF Joan Escanilla, Batlle "se mostró predispuesto", afirmando que "había pensado en algo parecido con anterioridad", e incluyó la posibilidad de que esta prisión se ubique en Tàrrega.