Toda prudencia es poca a la hora de analizar las discrepancias que ostensiblemente mantienen los representantes sindicales de los funcionarios de prisiones con la Conselleria de Justícia de la Generalitat. El informe sobre presuntos malos tratos en la cárcel de Quatre Camins ha causado un importante desencuentro que hay que resolver antes de que vaya a más. Obviamente, ninguna ilegalidad debe ser condonada, pero, como mínimo, hay que conceder a los funcionarios el beneficio de la duda y, por supuesto, la presunción de inocencia.

Es de una apabullante obviedad, pero conviene recordar que estamos ante un colectivo profesional cuyo simple y cotidiano cometido laboral entraña un alto riesgo físico, al menos desde el punto de vista teórico. Aunque, afortunadamente, dicho riesgo no se materializa de una forma desproporcionada en ataques o agresiones, el estrés y la tensión a la que están sometidos desafía la imaginación.

Por otra parte, los funcionarios de prisiones también son víctimas de un sistema penitenciario en el que el teórico objetivo de la reinserción social del recluso queda frecuentemente desvirtuado por patologías prácticamente irreversibles, por la insuficiencia de medios humanos o materiales y porque, inevitablemente y en un espacio de tales características, la seguridad y el orden deben primar sobre otras consideraciones. Como ha señalado el conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, las conductas aisladas no pueden cuestionar a todo un colectivo de funcionarios, pero es preocupante que una parte de ellos tenga la impresión, fundada o no, de que se están vulnerando sus derechos.