Justícia mantiene en el puesto a dos jefes de centro y uno de servicios acusados de los hechos.

Pere Ríos. Barcelona. El juez de Granollers que investiga las presuntas palizas que recibió un grupo de 26 presos tras el motín ocurrido en la prisión de Quatre Camins el pasado 30 de abril ha citado a declarar como imputados para el 22 de noviembre a un subdirector médico de la cárcel, dos jefes de centro y un jefe de servicios. Excepto el primero de ellos, que fue destituido en julio, los demás continuaban ayer en sus cargos y el Departamento de Justicia de la Generalitat no tenía intención inmediata de sustituirlos, según explicó un portavoz oficial.

Los cuatro altos funcionarios a los que ha imputado la titular del Juzgado número 3 de Granollers aparecen identificados en un informe que Justícia divulgó el 5 de julio, cuando anunció que estaba investigando las presuntas palizas. En ese documento, que fue remitido al juzgado y a la fiscalía, se asegura que esos cuatro altos funcionarios eran los responsables del traslado de los presos.

Hasta ahora sólo ha sido destituido de su cargo el subdirector médico de la cárcel, Xavier Martínez, aunque el consejero de Justícia, Josep Maria Vallès, precisó el pasado 22 de julio en el Parlament que ese relevo se hizo por una cuestión laboral ajena a los hechos que investiga la justicia. Varios presos señalaron en sus declaraciones ante el inspector de la Generalitat  que realizó la investigación interna que, aunque resulte sorprendente el subdirector médico participó activamente en los malos tratos a los presos provisto de una porra. El afectado siempre lo ha negado y se ha declarado víctima de una conspiración contra él.

Además de estas imputaciones, la juez solicita de la dirección de la cárcel de Quatre Camins que aclare si todos los traslados de los presos los realizaron los mismos funcionarios o distintas personas. Si fuera así, la juez solicita que se aclare y se identifique quiénes eran los responsables de la organización general de los traslados, quiénes fueron los funcionarios que sacaron a los reclusos de sus celdas, quiénes los llevaron desde allí hasta los furgones policiales y si algún funcionario intervino en la custodia de los presos en las dotaciones policiales.

Desnudos en el furgón

En el relato de la docena de presos que han denunciado los presuntos malos tratos existe coincidencia en explicar que fueron sacados a golpes de sus celdas por varios funcionarios, en algunos casos prácticamente desnudos, y que fueron arrojados por unas escaleras. La mayoría de ellos explican que estaban esposados y que después cruzaron un largo pasillo que comunica el módulo número 1 de la cárcel de Quatre Camins con el departamento de ingresos. En ese trayecto, aseguran que fueron “golpeados con puñetazos, patadas, porras y otros elementos”.

Justícia ha admitido formalmente que en el día de los hechos se produjo un descontrol a la entrada de la cárcel y que funcionarios de prisiones que no estaban de servicio e incluso de otras prisiones entraron en Quatre Camins al enterarse que se había producido un motín en el que fue gravemente herido el subdirector de régimen interno Manuel Tallón. Por esos hechos están imputados más de 40 presos. Los traslados de los reclusos a otras prisiones se produjeron a las pocas horas de finalizar el motín y afectaron a 56 reclusos. Algunos de ellos han declarado también ante el juez que al llegar a las otras prisiones fueron maltratados de nuevo por los funcionarios.

Del mismo modo, la juez acuerda que, a partir de los datos facilitados en las declaraciones de los presos, se identifique, entre los funcionarios que participaron en los traslados, a unas personas que se describen como Trinidad y don Pedro, adscritos al módulo 2; un jefe de servicios identificado como don Agustín, el hermano del subdirector médico agredido, un jefe de servicios del departamento especial conocido como don Manuel, otro funcionario al que se cita como don Javier y otro trabajador del que se facilitan sus rasgos físicos. La juez también cita a declarar como testigos el 25 de noviembre al director de la cárcel, al subdirector de régimen y a los médicos que realizaron las revisiones a los presos, aún por identificar.

Los sindicatos mayoritarios del sector, UGT y CCOO, siempre han negado las acusaciones de los presos y han defendido la actuación de los funcionarios durante los traslados.