Hay presos con mala conducta, pero el personal de prisiones tiene que cumplir absolutamente las leyes

La Conselleria de Justícia tiene la obligación de resolver de una vez la crisis penitenciaria. Que va mas allá de la masificación y la escasez de medios. La investigación sobre Quatre Camins divulga una dramática realidad. En este momento de sensibilización ante las torturas carcelarias, ahora y aquí hay abusos físicos y malos tratos. La presunta participación directa en las violencias de un responsable médico, y la confirmación de que algunos funcionarios introducen droga en las cárceles, demuestran que en Catalunya, además de los delincuentes recluidos, hay delincuentes entre quienes recluyen.

La conselleria y las direcciones de UGT y CCOO tienen que quebrar el cerrado corporativismo del personal de prisiones. Y superar sus zancadillas para impedir que se sancione a los celadores violentos o corruptos. Si el conseller Josep Maria Vallès y el responsable de prisiones, Albert Batlle, no lo logran, deben ser coherentes y dimitir. Porque lo que aflora forma parte de lo que denunció valientemente el anterior director de la cárcel de Tarragona, Martínez Cadarso, y a él le costó injustamente el puesto. El Govern debe prestar prioridad política a la situación carcelaria, pero se tiene que hacer sin dilación justicia a lo que ocurre en los centros.