Su número rebasa ampliamente el centenar y todos ellos tienen unas fuentes preferentes y, en la mayoría de las veces, casi únicas: las cloacas del Estado. Ellos son imprescindibles para que tanto el Cesid como el Ministerio del Interior puedan llevar adelante sus campañas de intoxicación y criminalización, con el independentismo vasco siempre de fondo. Pero ecologistas, okupas, insumisos, antifascistas y otros militantes de movimientos sociales antisitema también suelen estar en su punto de mira. Ellos son los periodistas de Interior.

MANIPULACIÓN. La distorsión del tema vasco es una de sus tareas fundamentales.

El conflicto vasco es su trabajo principal, aunque arremeten también contra todo tipo de disidentes.

Sus trabajos son imprescindibles para las campañas de intoxicación orquestadas desde las instancias gubernamentales

Pepe Rei

DONOSTIA

Un selecto número de periodistas es el encargado en las redacciones de periódicos, televisiones y emisoras de radio de ocuparse de la “información de Interior”, eufemismo utilizado para referirse a las noticias procedentes de las fuentes policiales o militares.

Todos ellos tuvieron como referencia al policía periodista Alfredo Semprún un redactor del diario “ABC” que se hizo célebre durante los diez últimos años de la dictadura franquista por demonizar a militantes comunistas o independentistas vascos.

La escuela de Semprún ha tenido alumnos aventajados que, sin apartarse apenas de los esquemas del maestro, se dedican a criminalizar a “etarras” , okupas, nacionalistas, obreros o filólogos no castellanos.

La escuela de Semprún se fue transmitiendo de generación en generación periodística y sus discípulos siempre tuvieron un lugar preferencial en las redacciones de los medios de comunicación. Pero nunca tanto como ahora alcanzaron su apogeo. Así, tras las célebres parejas Cerdán-Rubio, Lázaro-Garea o Zuloaga-Pagola, una pléyade de redactores aventajados han ocupado su lugar.

No es que Zuloaga o Pagola se hayan retirado, sino que las nuevas olas vienen empujando con fuerza. Aún así, Zuloaga es capaz de escribir en “La Razón” (Pagola sigue en “ABC”) el día 8 de este mes una perla como la que sigue: “Una organización del entorno proetarra agita a los presos comunes para provocar motines”. “Zulu”, como era conocido en la Escuela de Periodismo, no tiene inconvenientes en ocultar sus fuentes “penitenciarias” y reproducir sin ningún tipo de problema ético “varios documentos, uno de los cuales se atribuye a una asociación del País Vasco que se ocupa de los presos y que expertos antiterroristas sitúan en el entorno del llamado MLNV, al que pertenece la banda criminal ETA”. Zuloaga no cita en ningún momento a la citada asociación, a la cual tampoco consulta.

ETA

La excusa de ETA es el recurso más manido de estos periodistas para arremeter contra personas y entidades situadas en la línea ideológica contraria a su publicación. O que, por determinadas estrategias de los cuerpos policiales o de la inteligencia militar española, conviene criminalizar previamente.

Los ejemplos son numerosos y un repaso por las hemerotecas de la prensa del Estado avala esta información. “La Razón”, de nuevo, o la “Voz de Asturias” del grupo Zeta, publicaron este pasado mes de enero sendas informaciones que, con apenas diez días de diferencia, incidían en el “tema ETA” como argumento central para avalar futuras intervenciones represivas.

El 17 de enero, Raúl Álvarez titulaba en el periódico asturiano que “la policía vigila a Jarrai en la región”, asegurando seguidamente que “militantes de la organización visitan el Principado en momentos de conflicto”. Ello daba pie para introducir en escena al delegado del Gobierno en Asturias, que no tenía inconveniente en afirmar que “algunos grupos de vándalos se encubren bajo la política”. El reportaje salpicaba de paso a la formación nacionalista Andecha Astur, a la que, utilizando una organización facha, Democracia Nacional, acusaba de intentar “batasunizar” la vida política asturiana.

José Clemente, jefe de la sección de Investigación el “La Razón”, firmaba el 28 de enero junto con su colega Martínez una información fechada en Barcelona en la que se señalaba que “los datos personales de funcionarios de prisiones catalanas habían sido filtrados a ETA”. Clemente y Martínez añadían que algunos funcionarios habían recibido amenazas “por parte de grupos radicales independentistas”, matizando en el lead de la información que “sus datos personales han podido llegar a círculos próximos a los proetarras de Jarrai”. La ecuación Jarrai=ETA funcionaba de nuevo con total impunidad.

Pero faltaba un peldaño más: buscar a los culpables. Los periodistas-policías no se paraban en barras y se lanzaban contra el sindicato catalán de prisiones CATAC, los sindicatos CNT, IAC; COS, la organización juvenil Maulets, la plataforma independentista PUA e, incluso, contra el ateneo La Torna. De una tacada -y siempre vía ETA”- se arremetía contra el enemigo común. La rectificación de los afectados apenas ocupó un espacio menor en “La Razón”, que no se hizo eco de la subsiguiente querella en su contra.

Listado amplio

Pero informaciones como las de Jasús María Zuloaga, Raúl Alvárez y José Clemente son una constante en los medios de comunicación. En un estado centralista como el Español, los medios de Madrid se llevan la palma en cuanto a redactores conectados a las terminales de Interior o del Cesid. Los Agustín Valladolid, Alberto Pozas y Alberto Gallo, todos ellos del Grupo Zeta, son la punta de lanza de una ofensiva mediática que, dependiendo de las épocas, tuvo a Javier García, Carlos González, José Yoldi y Carlos Yárnoz, entre otros, en “El País”. Pero la relación, con cerca de treinta redacciones de periódicos, emisoras de radio y televisión, además de revistas de información general y agencias de noticias conforman una nómina de cerca de cien personas que exceden la posibilidades de este trabajo. Pero todos ellos cuentan, como condición inexcusable para desarrollar su trabajo, con el placet de Interior. Y todos aceptan unánimemente el “libro de estilo” de dicho ministerio, lleno de calificativos -o “descalificativos”, según se tercie-, tópicos e imputaciones contra el enemigo común.

Escuela

Los medios de Madrid exigen a sus corresponsales en las distintas autonomías o comunidades autónomas en el Estado (“provincias”) una sumisión estricta al citado libro de estilo de Interior, reproduciendo los esquemas a través de las delegaciones del Gobierno, jefes de Guardia Civil o responsables del Cesid.

A esta tarea se aplican con entusiasmo en Barcelona Frances Pascual, de “El País”, Enrique Figueredo de “El Mundo” y Antonio Clemente de “La Razón”. Junto a ellos compiten en beligerancia contra independentistas, antifascistas u okupas Mayka Navarro, de “El Periódico”, Mireia Roureda y Cristina Palomar de “Avui” y Domingo Marchena, de “La Vanguardia”.

En Valencia, la palma de la agresividad contra estos movimientos la ostentan, una por periódico, Concha Raba, en el ultraderechista “Las Provincias”, y José Parrilla, en “Levante”.

La información más beligerante de Interior la escriben en Andalucía Oscar Sánchez Lobato, de “El Diario de Cádiz”, Rafael Guerrero Moreno, en “El Correo de Andalucía”, mientras que en “El Mundo” brilla con luz propia Antonio Burgos.

En Galicia, las fidelidades se reparten entre Madrid y Santiago a partes iguales, sin que ello les suponga a los afectados ninguna contradicción. Ellos son Diego Bernal, delegado de la agencia Efe; Carlos Luís Rodríguez y Guillermo Campos, de “El Correo Gallego”; Pastor Alonso, vinculado a la Universidad compostelana; Bieitio Rubido, de “La Voz de Galicia” y, con un más amplio historial a sus espaldas; Juan Ramón Díaz García, director de “El Ideal Gallego”.

En Asturias, además del citado Raúl Álvarez, se distinguen por su belicosidad Chema Fernández, de “El Comercio”; Alejandro Ortea, de la TLG; Javier Neira de “La Nueva España” y Juan Vega, de la televisión de Oviedo.

El listado tiene un complemento indispensable en Euskal Herria, donde se han cimentado su fama los Calleja, Etxauz, Landaburu, amén de la inefable Gurruchaga. Pero esa ya es otra guerra.

Sus afiliados se ofrecieron voluntarios para aplacar el motín de Quatre Camins

Kalegorria

BARCELONA

Diversas fuentes vinculan a los dirigentes del sindicato mayoritario de cárceles de Cataluña, CATAC Presons, con la ultraderecha desde hace 20 años y les acusan de fomentar y practicar maltratos a los reclusos. Este sindicato dice en su web que “la historia de los trabajadores penitenciarios, unidos ahora en una gran organización sindical independiente con muchas sensibilidades, no ha hecho más que empezar”

Fuentes consultadas por KALEGORRIA prueban que la trayectoria y objetivos de los actuales líderes de CATAC Presons (C-P) vienen de lejos y de sensibilidades concretas: de la Unión de Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (UFIP), vinculados a la guerra sucia contra ETA y el FRAP, para después integrarse en la sección catalana de prisiones de la Unión Sindical Obrera (USO-USIP), denunciada ante Amnistía Internacional de promover y practicar maltratos a presos. Finalmente entraron en CATAC, desde donde torpedean las políticas de reinserción y reclaman más personal y más seguridad. El pasado mayo, funcionarios de C-P fueron voluntarios a reprimir un plante en el C.P. Quatre Camins junto con los Mossos d'Esquadra: el resultado, 64 traslados, numerosos heridos y un preso violado a manos de funcionarios.

Manuel Allué Pastor, actual coordinador general de C-P, militaba en el sindicato ultra UFL. De ahí pasó a la UFIP, que durante a los ochenta aglutinaba al funcionariado fascista de prisiones en Barcelona y Madrid. La UFIP resultó de una escisión con la CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) por parte del sector del Sindicato Profesional de Prisiones (SPP), que reunía a los adeptos de la mano dura. Con propuestas como la cadena perpetua para los presos de ETA y su segregación el cárceles aisladas de difícil acceso.

En Catalunya, la UFIP compartía sede con Falange Española de las JONS y estaba dirigida por Pepe Muro, funcionario de la Modelo. En su memoria del sindicalismo catalán, C-P afirma que “debido al traslado de la UFIP fuera de Catalunya, ésta se hunde y sus afiliados se encaminan a un sindicato que a la postre devendría en la gran sorpresa de esas elecciones sindicales: ASI (Acción Sindical Independiente)”.

El fundador de ASI, Francisco Javier Cañadillas Lucas, fue uno de los 17 militantes del Partido Español Nacional Sindicalista (PENS) juzgados por atentar contra la sede de UCD el 18 de junio de 1990. Dos militantes del PENS aseguraron en el 1974 el comisario Roberto Conesa organizó y financió un comando parapolicial en València para declarar la guerra sucia a los militantes del Front Revolucionari Antifeixista Popular (FRAP) y ETA. Según ellos, el grupo actuó en Hegoalde e Iparralde volando casas de miembros de ETA a cambio de armas e impunidad y fue liderado por el miembro de CEDADE, Ernesto Milá, también imputado en el sumario. ASI congregó a militantes del Frente Nacional de la Juventud, creado en 1977 como escisión de Fuerza Nueva y desarticulado por la policía a raíz del atentado contra la sede de UCD. En junio de 1991, los responsables de la ASI inician conversaciones con CATAC, CSIF y USO para integrarse en alguna de las centrales. En Barcelona entran en USO y en Tarragona en CSIF.

La entrada de las 2/3 de votantes de ASI en USO-Presons tiene otros motivos de peso: la sección sindical de USO se creó en 1983 en la cárcel de Herrera de la Mancha, año en que el juez Juan José Martínez Zato procesó a nueve funcionarios del centro por torturar a presos de ETA. El secretario confederal de Acción Sindical de USO, Carlós Solás, hizo una defensa “altruista” de los expedientados.

En 1994, Allué afirma en la “Revista del Vallès” que “el sistema de rehabilitación ha fracasado (...) pero, no obstante, se siguen abominando sistemas como el norteamericano o el alemán que, como mínimo, imprimen más seriedad al tema”. Esta defensa velada de la mano dura se combina con textos anónimos publicados en el Boletín de USIP, criticando los privilegios de los presos o caras satíricas.

USA y satanismo

En 1993, USIP contacta con el Correctional Peace Officers. En 1996, envía el secretario de relaciones internacionales, Josep Font Cañameras, a visitar las cárceles de Texas. En el número 6 de “Al Descubierto”, Font describe como “agradables” las medidas de alta seguridad de la cárcel de Hunstville y el lugar de ejecución de los condenados a muerte como “frío pero no por ello desprovisto de atractivo”. Además, ironiza con la silla eléctrica, “conocida cariñosamente como la Vieja Chispitas”, y los condenados que “se atiborran como si les fuera la vida en ello en la última cena”. Font aprovecha para criticar el sistema español cuando explica a los americanos “conceptos como vis a vis, peculio, trabajo remunerado, permisos de fin de semana, sección abierta, módulos mixtos, gimcanas penitenciarias” y ellos tienen reacciones que van “de la incredulidad a la hilaridad contenida”. Según un artículo publicado el 11 de octubre de 1999 en “Artículo 20”, Font estuvo vinculado a CEDADE y al VI Comando Adolfo Hitler a mediados de 1980. Afirma que Font lo reconoce en un documento del 13 de junio de 1999, donde dice haber roto relaciones con grupos satánicos y ultraderechistas y asegura que el propósito de ir a Texas fue “iniciarse en una organización satánica (La Iglesia de Satán) de la que debería responsabilizarse como máximo representante en España” y donde estaban “diversos funcionarios de cárceles americanas de ideología ultraderechista y satánica”. Su trabajo consistía en “fundar una organización satánica que aglutinara todos los elementos ultraderechistas del ámbito penitenciario” y contactar con los partidos de ultraderecha europeos y americanos. Para ello, se hizo miembro de la secta OTO de Mataró, cuyos miembros habían sido iniciados por Christian Bouchet, dirigente del Front Nacional de Le Penn. Otras fuentes afirman que USIP absorbió militantes de las Brigadas Blanquiazules, la AUN de Saenz de Ynestrillas y la OJE, a la que pertenecía el abogado de la entidad Jesús Beltrán. El boletín de la sección sindical de USOC en la Generalitat, controlado por el secretario general de USIP Ángel Colmenar, se llamaba Amunt, traducción literal del antiguo periódico franquista Arriba.

Denuncias a funcionarios

En 1998, la Associació Democrática Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF) denunció a USIP ante Amnitía Internacional de Catalunya por instigar el maltrato de Presos. Además, incluyeron la denuncia de un preso contra Ángel Colmenar y cuatro funcionarios más del C.P. Brians por un delito de torturas y rigor innecesario por golpearle, esposarlo de pies y manos a un somier i aporrearlo. Poco después que la denuncia trascendiera, USIP se integró en la sección de prisiones de CATAC, manteniendo a los votantes y el equipo director, donde aún están presentes Allué, Colmenar y Sandra Soto. Según el relato de C-P, USIP no era representativa pero forma parte de “una historia para la que reclamamos su recuerdo con mayúsculas”. El 13 de mayo de 1999, la sección de la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Colmenar a dos meses de multa y a 450 euros de indemnización civil por una falta de lesiones a un preso. F.D.H., único de los funcionarios que reconoció la paliza, afirma haber sido objeto de amenazas y presiones tales como rajarle las ruedas del coche dos veces en una semana de agosto de 1993. ADECAF publicó la sentencia condenatoria en su boletín número 7 repartiéndolo en Brians cuando Colmenar aún era jefe de centro y la jefatura de servicios amonestó al funcionario que lo distribuía. En una reunión sindical del 12 de agosto de 1999 en que participaron Mercedes Sánchez, directora de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, UGT; CSIF i C-P, Miguel Pueyo informó a Sánchez de la difusión de publicaciones no oficiales dentro de las cárceles, refiriéndose al polémico boletín y le preguntó si el funcionario responsable lo hacía con aquiescencia de la dirección. A final de la reunión, Pueyo amenazó con emprender acciones legales por el hecho en presencia de otro delegado. El 1 de octubre de 1999, Sánchez amonestó al funcionario y le prohibió difundir publicaciones no sindicales en los centros penitenciarios, negando que CATAC-Presons le hubiera presionado.

Prevaricación

Los dirigentes de C-P parecen bien relacionados. Fuentes legitimadas aseguran que, durante la etapa USIP, Allué entabló amistad con José Ramón Manzanares Codesal, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Barcelona, hasta el punto de involucrarlo en una trama contra un abogado defensor de presos que desembocó en varios procesos penales.

El 15 de noviembre de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya culpó a Manzanares de un delito de prevaricación por crear trámites que retrasaban la concesión de permisos penitenciarios en Quatre Camins en 1996. El TSJC considera probada la estrecha amistad del juez con funcionarios de la cárcel, entre ellos Allué en la época que nombraron director del centro a Josep Font Català, ante la insatisfacción del funcionariado. Pese a indultarlo por lo desproporcionado de la pena, la sentencia reconoce que los funcionarios informaban a Manzanares de los conflictos, lo que motivó el alejamiento del juez y el director. Molesto, Manzanares obstaculizó los permisos para provocar una situación de malestar en la cárcel y provocó el colapso interno. Pese a denuncias y reiteradas vinculaciones con la ultraderecha, miembros de C-P presentaron sin problemas la candidatura de Trabajadores Públicos Rebotados al Parlamento de Catalunya para los comicios de octubre de 1999. El condenado, Ángel Colmenar, lideraba la lista por Lleida, mientras que en Barcelona lo hacía Miguel Pueyo, seguido de Sandra Soto. Allué ocupaba el sexto puesto.