El Mundo, 5/1/2004

Justicia

Un estudio denunció la existencia de malos tratos

Funcionarios de prisiones se niegan a ir a los juicios por miedo a represalias El director del centro penitenciario de Can Brians pide que declaren por videoconferencia

CAROL ALVAREZ

BARCELONA.- Miedo en el cuerpo. Este el sentimiento que atenaza a los funcionarios del centro penitenciario de Brians, en Sant Esteve Sesrovires, después de que el pasado mes de octubre se hiciera público el informe del Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona (UB) que ponía de manifiesto la existencia en el centro de torturas y malos tratos a los internos por parte de los funcionarios.

El director del centro penitenciario de Brians ha solicitado a un juzgado de Martorell al que deberían acudir determinados funcionarios para testificar en un juicio que sean eximidos de esta comparecencia y la puedan efectuar «mediante un sistema de videoconferencia».

La dirección del centro considera «muy necesaria y útil» la realización del juicio mediante este sistema «para evitar, ahora y en el futuro, probables y posibles amenazas, acosos y otros a los funcionarios».

En el escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, también se advierte que la declaración de los funcionarios mediante la videoconferencia «evitará también situaciones traumáticas y de peligro para su integridad física».

En su escrito, la dirección del centro penitenciario de Brians se fundamenta en «la repercusión mediática de los medios de comunicación provocada por el informe hecho público por la universidad en relación a los funcionarios del centro».

También se refiere a la «entidad pública» del interno que les denunció, Juan José Moreno Cuenca el Vaquilla, fallecido recientemente.En su ausencia, el juicio se celebrará el próximo mes de febrero, tomándose sus declaraciones en instrucción como prueba de cargo, según explicaba ayer el abogado de el Vaquilla, Jaume Asens.

El juzgado de instrucción número 4 de Martorell, competente para la celebración de este juicio, ya ha rechazado la solicitud emitida, lo que obligará a los funcionarios a trasladarse físicamente a la sede judicial, explicaron las mismas fuentes.

El polémico informe

El informe que ha dado pie a este desaguisado fue presentado en rueda de prensa por el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la UB, y desgranaba en 224 páginas un verdadero rosario de disfunciones e ilegalidades relacionadas con las condiciones de encarcelamiento en los centros penitenciarios catalanes.

Los juristas que elaboraron el estudio, que fue duramente criticado por el entonces secretario general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Ramon Parés, al valorar que no tenía validez, recoge hasta un total de 175 situaciones problemáticas que giran en torno a dos grandes quejas: la falta de respeto a los derechos fundamentales de los internos y la escasez de medidas rehabilitadoras de los presos.

En cuanto a las torturas y vejaciones, el estudio recoge cuatro casos detectados de presuntos malos tratos que están en fase judicial. Los responsables de estos hechos serían funcionarios de prisiones, y los cuatro casos se habrían producido en la cárcel de Brians.

La última querella criminal admitida a trámite por un supuesto delito de torturas y delito contra la integridad moral va dirigida contra diez funcionarios de la cárcel y se refiere a hechos supuestamente sucedidos en febrero pasado.

En definitiva, el informe señala que es «preocupante y de destacar el hecho de que todos los casos relatados provengan de un mismo centro penitenciario, así como la situación de impunidad que generan los regímenes de vida en aislamiento, en los que la prueba de malos tratos es practicamente imposible».

Iñaki Ribera, director del Observatorio, valoró la situación de Brians como muy «reveladora», y la vinculó a la «gravísima preocupación» que genera, a su parecer, el hecho de que la ideología del sector mayoritario del centro sea ultraderechista.

Desde la Generalitat se rechazan las conclusiones de este estudio, por entender que no es nada representativo de lo que sucede en la cárcel.