EL PERIÓDICO, 16/10/03
Un informe revela torturas en las cárceles catalanas
|
El estudio censura la masificación y tacha de "ultraderechistas" a varios funcionarios La Generalitat dice que el trabajo, avalado por la UB, está "lleno de barbaridades"
BARCELONA El secretario de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Ramon Parés, no perdió ni un minuto en descalificar el trabajo, que describió como "exagerado y lleno de barbaridades". "En la última década, hemos contabilizado una condena de un funcionario por una falta, no por un delito", apuntó ayer Parés.
Una de las conclusiones del
estudio hace hincapié en la figura de los funcionarios de
prisiones, a los que se ubica en el seno de la "ideología
ultraderechista". "Estas orientaciones ideológicas
--según el informe-- provocan un incremento de las
intervenciones restrictivas de los derechos y, por lo tanto, de
situaciones de efectivos malos tratos". En este sentido, el abogado y profesor miembro del equipo de investigación Iñaki Rivera hizo referencia explícita a un sector del sindicato CATAC, que se escindió y se ha integrado en UGT. Para Rivera, el control en el seno de las prisiones ya no lo tiene la Administración autonómica, sino este personal sindical, al que, paulatinamente, se le han ido cediendo cuotas de poder. Los representantes de este colectivo eludieron ayer responder las llamadas de este diario. "La relación de la Administración con los sindicatos no es precisamente buena, pero de ahí a calificarlos de ultraderechistas hay un mundo", alegó Ramon Parés, para añadir: "Rompo una lanza en favor de la mayoría, que son profesionales".
El estudio lleva
la firma del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos
Humanos, un centro especial de investigación de la UB,
aprobado por la Comisión de Política Científica
en marzo del 2001.
Sus
miembros han recopilado información durante dos años
con el importante obstáculo que supone la imposibilidad
de entrar en las prisiones. Su petición ha sido
sistemáticamente denegada por la Generalitat. Masificación --denunciada en reiteradas ocasiones por el Síndic de Greuges y cuantificada en 2.700 plazas--, falta de profesionales, condiciones de vida degradadas y deterioro de la salud de la población reclusa son algunos de los aspectos constatados en el documento.
|