Expertos penitenciarios revelan que en las cárceles catalanas hay malos tratos

Acusan a la Administración de ceder cuotas de poder a los funcionarios más radicales Justicia no dejó entrar en prisión a los investigadores La Generalitat descalifica el informe por considerarlo “irreal” CAROL ÁLVAREZ BARCELONA Malos tratos. Vejaciones. Enfermerías insuficientes. Talleres sexistas. Discriminación. Hacinamiento. Medidas represivas. Falta de políticas de rehabilitación. Falta de profesionales. El Observatorio del sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona desgrana un verdadero rosario de disfunciones e ilegalidades relacionadas con las condiciones de encarcelamiento en los centros penitenciarios catalanes. En un informe demoledor, los juristas denuncian, para empezar, la nula colaboración que han recibido de Justicia, que les ha negado la posibilidad de acceder al interior de las prisiones para hacer llegar sus formularios a los internos. Ante las trabas recibidas, los responsables del Observatorio tuvieron que recurrir a otros métodos para hacer llegar a los presos las encuestas a partir de las cuales se han extraído las conclusiones del informe.
Hasta 175 situaciones problemáticas aparecen recogidas en el informe, aunque todas ellas giran en torno a dos grandes quejas, según García-Borés: “La prisión se constituye como un centro de dominación y donde no se respetan los derechos fundamentales”, por un lado, y “no busca la rehabilitación social de los internos” por otro. Elisabet Almeda, una de las investigadoras del Observatorio, recordaba ayer que el sistema penitenciario de Cataluña se inspira en las directrices de “orden y disciplina", lo que “lleva a un fracaso absoluto de la resocialización”. La masificación de las cárceles como la Modelo, “paradigma de prisión ilegal”, que actualmente cuenta con celdas que hacinan a cinco internos, “pone en peligro la convivencia entre reclusos y también entre internos y funcionarios”. Y no es sólo la convivencia. La investigación, basada en más de un año de trabajo de campo a través de entrevistas con familiares y reunión de datos sobre presos, plantea problemas de deterioro de la salud de los presos, por una deficiente higiene, enfermerías insuficientes, dificultades en la concesión de permisos extraordinarios, alimentación de baja calidad... “Este deterioro de la salud se expresa también en los índices de mortalidad: 976 muertos entre 1990 y 1999, que dan una ratio de un muerto cada tres o cuatro días”, explica el estudio. También se han detectado casos graves de internos enfermos terminales a los que no se les concede la libertad o el tercer grado, o la falta de implantación de un programa de intercambio de jeringuillas para frenar el avance del Sida u otras enfermedades. Casos de torturas Y en malos tratos, “torturas”, según los investigadores. En su estudio recogen cuatro casos detectados de presuntos malos tratos, que están en fase de instrucción tras haber sido admitida a trámite la querella por un juez. Los responsables de estos hechos serían funcionarios, y los cuatro casos se registraron presuntamente en la cárcel de Brians, lo que para los investigadores es muy revelador. Iñaki Rivera, director del Observatorio, señaló ayer que “hay una gravísima preocupación por lo que está pasando en Brians, a lo mejor depende de la ideología del sector mayoritario, ultraderechista, que ha hecho de esta cárcel su cárcel fuerte”. Rivera se refiere al sindicato mayoritario de prisiones CATAC, que ganó las últimas elecciones sindicales catalanas con un 44 por ciento de representación. Para Rivera, la ideología de este grupo, radical y represiva, se manifiesta en su propia publicación interna, donde se recogen experiencias de miembros del sindicato que visitan Estados Unidos para asistir a ejecuciones de presos. Agrega el informe al respecto que “el verdadero gobierno de las prisiones no ha estado en manos de la administración, sino de las cúpulas sindicales, desvirtuándose su legitima responsabilidad”. El estudio también se refiere a la discriminación que sufren las mujeres y los extranjeros que forman parte de la población reclusa. Así, las condiciones que viven las mujeres internas, es, según el estudio, todavía más grave que la de sus compañeros, ya que, además de la “falta de recursos” y de personal “adecuado” para atender sus problemáticas, en estos centros “todavía prevalece un trato penitenciario basado en un enfoque sexista estereotipado”. Los presos extranjeros, que suponen una cuarta parte de la población reclusa, son otro de los sectores más perjudicados, según el estudio, ya que “ven imposibilitados sus permisos de salida” y, a menudo, “desconocen su situación real por falta de interpretes”. Finalmente, el informe denuncia que, 20 años después de la asunción de competencias penitenciarias por parte de la Generalitat, aun no se disponga de servicios de orientación jurídico-penitenciaria, como el asesoramiento de abogados voluntarios a los reclusos que lo precisen de forma gratuita.

Acusan a la Administración de ceder cuotas de poder a los funcionarios más radicales

Justicia no dejó entrar en prisión a los investigadores

La Generalitat descalifica el informe por considerarlo “irreal”

CAROL ÁLVAREZ

BARCELONA

Malos tratos. Vejaciones. Enfermerías insuficientes. Talleres sexistas. Discriminación. Hacinamiento. Medidas represivas. Falta de políticas de rehabilitación. Falta de profesionales. El Observatorio del sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona desgrana un verdadero rosario de disfunciones e ilegalidades relacionadas con las condiciones de encarcelamiento en los centros penitenciarios catalanes. En un informe demoledor, los juristas denuncian, para empezar, la nula colaboración que han recibido de Justicia, que les ha negado la posibilidad de acceder al interior de las prisiones para hacer llegar sus formularios a los internos. Ante las trabas recibidas, los responsables del Observatorio tuvieron que recurrir a otros métodos para hacer llegar a los presos las encuestas a partir de las cuales se han extraído las conclusiones del informe.

Hasta 175 situaciones problemáticas aparecen recogidas en el informe, aunque todas ellas giran en torno a dos grandes quejas, según García-Borés: “La prisión se constituye como un centro de dominación y donde no se respetan los derechos fundamentales”, por un lado, y “no busca la rehabilitación social de los internos” por otro.

Elisabet Almeda, una de las investigadoras del Observatorio, recordaba ayer que el sistema penitenciario de Cataluña se inspira en las directrices de “orden y disciplina", lo que “lleva a un fracaso absoluto de la resocialización”. La masificación de las cárceles como la Modelo, “paradigma de prisión ilegal”, que actualmente cuenta con celdas que hacinan a cinco internos, “pone en peligro la convivencia entre reclusos y también entre internos y funcionarios”.

Y no es sólo la convivencia. La investigación, basada en más de un año de trabajo de campo a través de entrevistas con familiares y reunión de datos sobre presos, plantea problemas de deterioro de la salud de los presos, por una deficiente higiene, enfermerías insuficientes, dificultades en la concesión de permisos extraordinarios, alimentación de baja calidad... “Este deterioro de la salud se expresa también en los índices de mortalidad: 976 muertos entre 1990 y 1999, que dan una ratio de un muerto cada tres o cuatro días”, explica el estudio.

También se han detectado casos graves de internos enfermos terminales a los que no se les concede la libertad o el tercer grado, o la falta de implantación de un programa de intercambio de jeringuillas para frenar el avance del Sida u otras enfermedades.

Casos de torturas

Y en malos tratos, “torturas”, según los investigadores. En su estudio recogen cuatro casos detectados de presuntos malos tratos, que están en fase de instrucción tras haber sido admitida a trámite la querella por un juez.

Los responsables de estos hechos serían funcionarios, y los cuatro casos se registraron presuntamente en la cárcel de Brians, lo que para los investigadores es muy revelador. Iñaki Rivera, director del Observatorio, señaló ayer que “hay una gravísima preocupación por lo que está pasando en Brians, a lo mejor depende de la ideología del sector mayoritario, ultraderechista, que ha hecho de esta cárcel su cárcel fuerte”.

Rivera se refiere al sindicato mayoritario de prisiones CATAC, que ganó las últimas elecciones sindicales catalanas con un 44 por ciento de representación. Para Rivera, la ideología de este grupo, radical y represiva, se manifiesta en su propia publicación interna, donde se recogen experiencias de miembros del sindicato que visitan Estados Unidos para asistir a ejecuciones de presos.

Agrega el informe al respecto que “el verdadero gobierno de las prisiones no ha estado en manos de la administración, sino de las cúpulas sindicales, desvirtuándose su legitima responsabilidad”.

El estudio también se refiere a la discriminación que sufren las mujeres y los extranjeros que forman parte de la población reclusa. Así, las condiciones que viven las mujeres internas, es, según el estudio, todavía más grave que la de sus compañeros, ya que, además de la “falta de recursos” y de personal “adecuado” para atender sus problemáticas, en estos centros “todavía prevalece un trato penitenciario basado en un enfoque sexista estereotipado”.

Los presos extranjeros, que suponen una cuarta parte de la población reclusa, son otro de los sectores más perjudicados, según el estudio, ya que “ven imposibilitados sus permisos de salida” y, a menudo, “desconocen su situación real por falta de interpretes”.

Finalmente, el informe denuncia que, 20 años después de la asunción de competencias penitenciarias por parte de la Generalitat, aun no se disponga de servicios de orientación jurídico-penitenciaria, como el asesoramiento de abogados voluntarios a los reclusos que lo precisen de forma gratuita.

“A la vista de este estudio, no sé si estamos hablando de cárceles de Catalunya, de Mozambique o de Guantánamo”. Así se manifestaba ayer Ramón Parés, el secretario general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.

Según Parés, el estudio presentado ayer por el Observatorio “es increíble, está lleno de incorrecciones e imprecisiones”. De hecho, el mismo Parés aseguró que si lo recogido en el estudio “fuera verdad, sería para preocuparse”.

Ramón Parés atribuye las incorrecciones del estudio, que no considera para nada representativo de lo que sucede en la cárcel, al “punto de vista muy subjetivo y personal” de los investigadores que lo han elaborado, y que además de mostrar su rechazo al sistema penitenciario en general, califican de “centros de exterminio” a las cárceles.

Parés defendió la alimentación de los internos, su asistencia médica y desde luego, negó rotundamente la acusaciones de malos tratos.

En cuanto al impedimento denunciado por los investigadores a la entrada en los centros penitenciarios catalanes, Parés señaló que “ya existen suficientes mecanismos de control”, como son el Parlament, el Síndic de Greuges, e incluso el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa. Este último organismo sólo ha visitado una vez la cárcel Modelo, admitió Parés, pero ello pone de manifiesto que no existe ni un sólo indicio de la realidad de estos supuestos tratos indignos a los presos.

Finalmente, en cuanto a las acusaciones de que en las deficiencias en las prisiones son fruto del “gobierno” del sindicato mayoritario CATAC, de signo radical, y a quien la Generalitat habría dado grandes cuotas de poder, Parés asegura que no puede menos que “reírse”.

“Quien manda en la prisión es el director, quien impone la política penitenciaria es el Govern”. Señaló ayer con rotundidad. Para Parés sólo hay negociaciones y acuerdos con los sindicatos en materia de salarios y personal.