Un informe habla de “hacinamiento” y “malos tratos” en las prisiones.

La organización pidió información sobre los graves disturbios ocurridos en mayo en Quatre Camins, donde seis presos y cinco funcionarios resultaron heridos

M.J.C.

BARCELONA

El informe “Preocupaciones sobre Europa: enero-junio 2002” elaborado por la sección española de Amnistía Internacional (AI) alude a la “creciente tensión” registrada en las cárceles catalanas, así como a los “malos tratos infligidos por el personal penitenciario” durante el primer semestre de este año, periodo en que la Conselleria de Justicia de la Generalitat estaba dirigida todavía por Josep Delfi Guàrdia.

Según consta en el escrito de este movimiento mundial cuyo objetivo es contribuir a que se respeten los derechos humanos, AI se dirigió el pasado mes de junio al director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat para pedir información “sobre una serie de artículos de prensa y otros informes en los que se describían situaciones de creciente tensión en las prisiones de la comunidad”.

La organización subrayó en su consulta a la administración catalana que “en los informes se habla de condiciones de hacinamiento y de incidentes de violencia entre los presos, así como de malos tratos infringidos por el personal penitenciario” referidos a varias comunidades españolas, entre ellas Cataluña.

AI también aludió a la prisión de Quatre Camins, situada en la Roca del Vallès (Barcelona), donde, a finales de mayo, fue escenario de graves disturbios en los que participaron 130 reclusos y resultaron heridos seis presos y cinco funcionarios.

AI se interesó especialmente sobre el caso de Miguel V., un preso que cumplía condena en Quatre Camins cuando se produjeron los incidentes y que, al parecer, “lo golpearon brutalmente mientras estaba esposado”, según indica el informe. La organización pidió información sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo sobre estos disturbios.

Fuerza desproporcionada

Por otro lado, AI planteó un caso de un funcionario que, en 1993, participó en un incidente en que un recluso de la cárcel de Brians, emplazada en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), fue maltratado. Posteriormente, el funcionario declaró en contra el jefe del personal penitenciario, que seis años después seria declarado culpable por la Justicia de haber hecho un uso “desproporcionado e innecesario” de la fuerza.

El citado funcionario denunció que, debido a su testimonio, “había sido víctima de actos sistemáticos de hostigamiento o persecución” y que este acoso había continuado después de su traslado a otro centro penitenciario catalán, donde un grupo de funcionarios pidió su despido.

Amnistía Internacional solicitó información sobre las acusaciones formuladas por F.D.H. “habida cuenta de la vital necesidad de que se alentara y apoyara a los funcionarios penitenciarios en relación con su obligación de informar a las autoridades de casos de malos tratos en las prisiones”. AI también se preguntó qué medidas se estaban tomando para mejorar las condiciones de hacinamiento y otras cuestiones conexas”.