M.J. Cañizares

Barcelona

La distribución de un anónimo en el que se acusa a CATAC de tener vinculaciones con Jarrai ha causado un profundo malestar entre los funcionarios y ha recrudecido los enfrentamientos entre las agrupaciones de trabajadores.

Han formado un frente común para exigir a la Generalitat mejoras laborales en las prisiones. Pero esta aparente unión entre los funcionarios esconde una rivalidad que va más allá de las diferencias ideológicas. La rivalidad se ha acentuado en los últimos tiempos en forma de denuncias cruzadas y campañas de desprestigio. El último episodio de este enfrentamiento es la distribución de un anónimo en las cárceles en el que se acusa a CATAC, fuerza mayoritaria en el sector, de tener contactos con Jarrai, lo que ha provocado un profundo malestar entre los trabajadores, que temen que sus datos personales caigan en malas manos. La citada agrupación califica de ridículo este rumor, que atribuye a la envidia que genera ser la formación mayoritaria. Hay quien habla de crisis del sindicalismo penitenciario precisamente por la gravedad de los ataques y porque la fuerza de una formación se mide por críticas a la Administración. Actualmente hay 2.307 trabajadores en las cárceles catalanas, donde están ingresados 6.178 reclusos. Los sueldos oscilan entre las 600.000 y las 150.000 pesetas brutas mensuales, en función de la categoría y destino. En 1997 se produjeron 470 incidentes, de los que 357 correspondieron a agresiones entre internos y 49, a lesiones a funcionarios. La Model de Barcelona, las más masificada y donde trabajan cerca de 500 personas, concentra buena parte de la conflictividad.

Los enfrentamientos entre sindicatos de un mismo sector son habituales, y hasta cierto punto, inevitables cuando se trata de formaciones con una ideología determinada. Sin embargo, en el caso de los funcionarios de prisiones, esta rivalidad se ha acentuado en los últimos tiempos en forma de denuncias cruzadas y campañas de desprestigio en los boletines de difusión de cada sindicato y en los tablones de anuncios de los centros penitenciarios.

Las viejas rencillas afloran y una y otra vez, pese a la aparente cohesión que los funcionarios han mostrado estas últimas semanas para reclamar mejoras laborales ante la Generalitat. A principios de este año miembros de USO-USIP se integraron en la Candidatura Autónoma de Trabajadores de la Administración Pública (CATAC).

En los medios sindicales se atribuyó este trasvase a los conflictos que USIP, considerada una agrupación de carácter conservador, generaba en USO, con tendencias de izquierda y nacionalistas. De esta forma, actualmente convivirían en CATAC sus veteranos afiliados de tendencias progresistas con socios a quienes en su día se les relacionó con la ultraderecha. Desde hace unos días en las cárceles catalanas circula un anónimo en el que se acusa a CATAC de tener contactos con la Plataforma Unitaria Antifascista (PUA), agrupación radical presuntamente vinculada a Jarrai. Esta nota ha creado un gran malestar entre los funcionarios, quienes temen que sus datos personales caigan en manos de círculos próximos a ETA. La coincidencia de CATAC con la PUA en la manifestación del 1 de mayo pasado ha sido interpretada como un ejemplo de vinculación que Manuel Allué, miembro de comisión coordinadora de CATAC y ex miembro de USO, califica de ridícula. "Yo también soy funcionario y he sido amenazado por ETA. Quien haya distribuido este anónimo debería ser valiente, probarlo y firmarlo", dijo Allué. El representante sindical cree que esta campaña procede de una antiguo miembro de la ejecutiva de USO "próximo a Convergencia y al que expulsamos porque pasaba información a la Generalitat sobre nuestras actividades.

Envidias

Asegura que nunca fue expulsado de USO y que la fuerza de la unión de este sindicato con CATAC ha adquirido en el sector despierta envidias. Desde su fundación en 1991, USO-USIP ha sido la agrupación con mayor representación mayoritaria en el sector.

En las últimas elecciones sindicales, celebradas en noviembre de 1998, esta formación obtuvo el 31 por ciento de los votos, mientras que CC.OO. logró el 25 por ciento; CSIF, el ocho y SAC, el dos por ciento. Pese a ocupar el segundo puesto CC.OO. es la furza mayoritaria en dos cárceles emblemáticas, la Modelo de Barcelona y Ponent (Lleida), y la segunda en WAD-Ras y Tarragona. La implantación de CATAC en el medio penitenciario, hasta ahora muy débil, se ha disparado ahora con la incorporación de USO-USIP, formación que, según Manuel Allué, no ha desaparecido, sino que se mantiene como subgrupo dentro de CATAC.

Oposición

La actuación conjunta de CC.OO. y UGT representa la principal oposición a CATAC, al que acusa de secundar postulados reaccionarios en materia de tratamiento de presos.

Este ataque fue respondido por CATAC con una querella y la transcripción en su boletín de una serie de declaraciones efectuadas por miembros de CC.OO. a favor de una mayor dureza en las prisiones. Las críticas de CC.OO. y UGT a la "mano blanda" de la Conselleria de Justicia son frecuentes. A raíz de la fuga de un recluso peligroso de la cárcel Modelo, ambas formaciones acusaron a la Generalitat de "apadrinar" a los presos conflictivos con la finalidad de evitar conflictos carcelarios, y criticaron el "régimen progresista" que se aplica en Catalunya, "que permite que un preso condenado a 30 años salga en régimen abierto a los tres meses".

Ficha penitenciaria

El cruce de querellas no se para ahí. CC.OO. denunció en febrero a los representantes de USO a los que acusó de difundir la ficha penitenciaria del ex miembro de Terra Lliure Marcel·li Canet, que concurrió a las elecciones de noviembre en la lista de la formación querellante. Hay quien habla de crisis del sindicalismo penitenciario, donde la importancia de las formaciones se mide por la gravedad de sus ataques a la política marcada por la administración y por su capacidad para convocar manifestaciones que acaben degenerando en incidentes. No es fácil compaginar la finalidad rehabilitadora de las instituciones penitenciarias con el derecho de seguridad e integridad de los vigilantes. Ser un funcionario de prisiones -ser un carcelero- es, afirman los propios miembros del sector, el trabajo menos agradecido y con peor imagen.

El polémico informe a AI

Una de las consecuencias del cruce de querellas y acusaciones entre agrupaciones fue una denuncia por malos tratos que llegó a manos de Amnistía Internacional y que obligó a la consellera de Justícia a dar explicaciones.

El cruce de acusaciones entre sindicatos llegó al Parlament el pasado 10 de febrero en forma de interpelación por parte del diputado del PP, Daniel Sirera, en relación al informe de la Associació Democràtica Catalana de Funcionaris de Presons (ADECAF) , que sirvió de base a la sección catalana de Amnistía Internacional (AI) para denunciar supuestos malos tratos en los centros penitenciarios catalanes.

En este informe se citaba explícitamente a miembros del sindicato USO como responsables de ese grave comportamiento. Entre ellos, Ángel Colmenar, condenado recientemente por la Audiencia de Barcelona a pagar una multa de 240.000 pesetas por golpear a un preso en la cárcel de Brians en febrero de 1993.

"España han salido por desgracia en numerosos informes de AI ya que en algunos centros penitenciarios existen casos de malos tratos, que nosotros no definimos que sean sistemáticos, pero sí que ocurren", indicaba la citada organización.

Diligencias informativas

La consellera de Justicia, Núria de Gispert, contestó al diputado que "quizá la información que llegó a AI fue producto de una pelea entre funcionarios del mismo grupo de prisiones; pelea en la que no debemos entrar". Según De Gispert, la sección catalana de AI se limitó a poner en conocimiento de su sede central en Londres y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) la existencia del informe "que nisiquiera hemos visto"

Según los datos facilitados por la consellera en esa comparecencia, en 1998 la DGSP abrió seis diligencias informativas por malos tratos en las cárceles, de las que cinco fueron archivadas y, otra, provisionalmente porque se tramitaban diligencias judiciales. Asimismo, se incoaron dos informaciones reservadas. No se abrió ningún expediente disciplinario.